Justicia Electoral 10 - Revista del TE del PJF




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PRESENTACIÓN

El año 2012 ha sido de gran trascendencia para la justicia electoral en México, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nuevamente tuvo la alta responsabilidad de calificar la elección presidencial y de resolver todas la impugnaciones incoadas durante el proceso electoral federal, que no sólo llevó a la renovación de la presidencia de la República, sino de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión. Por supuesto, el fallo no estuvo exento de polémica y de cuestionamientos, lo que es natural en todo recurso de impugnación; el juez difícilmente suele dejar satisfechos a quienes la sentencia no les es favorable. Lo cierto es que el TEPJF estuvo a la altura de las circunstancias y actuó como el órgano constitucional que es, apegado invariablemente a lo que dicta la ley.

La convicción democrática del Tribunal no puede ser puesta en duda, pero aun así existen opiniones discordantes. No obstante, en una verdadera democracia no se pueden simplemente descalificar y menos intentar acallar las voces que derivan de perspectivas distintas. Por ello, el TEPJF no ha cejado en su intento de abrir espacios para la discusión pública responsable, la crítica constructiva y el debate académico serio.

En este contexto, el TEPJF se honra en presentar la entrega número 10, de la Cuarta Época, de la revista Justicia Electoral, lo que refleja el intento, durante 20 años, por colocar esta publicación como un espacio de discusión ilustrada en temáticas relacionadas con la democracia y la justicia electoral, ampliamente enriquecido por la visión multidisciplinaria que se ha buscado imprimirle.

El presente número se integra por 19 textos, siendo la parte más nutrida la sección Doctrinal, que concentra 10 de ellos. El primero es de la autoría del funcionario electoral Raúl Montoya Zamora, quien desarrolla su trabajo en torno a uno de los temas más sensibles y ampliamente discutidos durante el proceso electoral federal recién concluido: la valoración de las pruebas.

El también académico duranguense ofrece un marco teórico muy consistente sobre lo que puede entenderse como valoración de la prueba y algunos de los sistemas que para ello existen. También se refiere a algunas de las dificultades que implica en la práctica que el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) señale que los medios de prueba serán valorados "atendiendo a las reglas de la lógica". Para ejemplificar, utiliza algunas sentencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF y se muestra crítico con la motivación de las resoluciones. Al final propone la consideración de algunos principios de la lógica al momento de dictar sentencia, con el objeto de minar esta problemática.

El siguiente artículo pertenece al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio A. Valls Hernández. El contenido se explica claramente en el título, "Reflexiones sobre la interpretación de la SCJN respecto de la restricción del derecho político a votar establecida en el artículo 38, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sus cavilaciones derivan concretamente de la contradicción de tesis 6/2008PL, resuelta por el más alto Tribunal del país en Pleno en sesión pública del 26 de mayo de 2011, de cuya discusión el ministro Valls proporciona un minucioso recuento. Destaca el hecho de que en su exposición incorpora la restricción del derecho al voto a la luz de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos.

El texto que viene a continuación es de Eber Ornar Betanzos Torres, funcionario de primer nivel de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), quien aborda, por supuesto, un tema con el que está profundamente familiarizado: los delitos electorales y la procuración de justicia penal electoral.

Betanzos comienza por destacar la importancia del Estado de Derecho en un régimen democrático, en una sección que denota un consistente aparato crítico. Posteriormente aborda el tema en específico de la procuración de justicia penal electoral en México, por lo que se refiere al desarrollo que han tenido tanto las leyes como las instituciones en la materia a lo largo de los últimos años, concretamente el Instituto Federal Electoral (IFE), el TEPJF y la propia FEPADE, de la que hace una descripción general sobre sus áreas estratégicas y principales atribuciones. Posteriormente, reseña los delitos electorales formalmente reconocidos y los medios que existen para denunciarlos. Concluye su texto alertando sobre la necesidad de reformar el Código Penal Federal para fortalecer y dinamizar el sistema de procuración de justicia penal electoral y afrontar así los retos que plantea la realidad política actual.

El siguiente texto complementa el publicado por su autor en el anterior número de Justicia Electoral. En dicha entrega, Enrique Figueroa Ávila analizó el expediente Varios 912, a partir del cual consideró que la SCJN incorporó al orden jurídico mexicano el control de convencionalidad ex officio de tipo difuso de constitucionalidad, que resultaba aplicable también a la materia jurídico-electoral. En esta ocasión, Figueroa presenta un trabajo en el que argumenta que ese nuevo modelo de justicia electoral igualmente debe ser adoptado por los órganos y ordenamientos que regulan los conflictos internos de los partidos políticos, es decir, por el ámbito de lo que se ha dado por denominar como justicia partidaria o intrapartidista. En ese sentido, hace un recuento de cómo las reformas electorales ocurridas durante los últimos años han impactado en las instancias para dirimir conflictos al interior de los partidos políticos, hasta llegar al estado de la cuestión actual y al desarrollo del planteamiento central sobre el nuevo control de convencionalidad.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos sin duda ha sido un hito en el constitucionalismo mexicano moderno, por lo que no son pocas las páginas que se han dedicado en múltiples espacios para comentarla. Algunos de los artículos previos ya lo han puesto de manifiesto aquí, pero la siguiente colaboración analiza de manera específica este tema.

El magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, Ángel Durán Pérez, junto con Eréndira Nohemí Ramos Vázquez, hacen una reflexión sobre la relación que guardan el constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo con el Estado democrático de derecho y con los derechos humanos. A partir de ello se refieren al caso de México y su reforma constitucional sobre derechos humanos, lo que desde su perspectiva representa el establecimiento de un nuevo paradigma que fortalece la democracia, pero que también implica retos a sortear para todo el andamiaje institucional del Estado, incluyendo las modificaciones en materia constitucional que cada entidad federativa deberá llevar a cabo para hacer efectivo el respeto irrestricto a los derechos humanos en todo nuestro país.

En el mismo orden de ideas, a continuación el magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, presidente de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, publica un artículo sobre el ejercicio del control difuso. Al respecto, el autor comenta que su objetivo es "recoger e incorporar a la discusión algunos conceptos, distinciones, elementos, criterios y precisiones útiles que en su conjunto puedan arrojar mayor luz sobre el tema del control difuso, y nos permitan a los juzgadores afianzar el camino al momento de plantearnos, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, la posible inaplicación de una disposición en un caso concreto". Para ello, plantea una serie de preguntas detonantes cuyas respuestas configuran la estructura del texto. Algunas de ellas son: ¿Cuál es el fundamento del control difuso de constitucionalidad convencionalidad? ¿Qué derechos integran el nuevo bloque de constitucionalidad? ¿Qué pasa en caso de antinomia entre la Constitución federal y los tratados? ¿Qué criterios de interpretación serán forzosos para los jueces mexicanos? ¿Qué es la interpretación conforme? Entre otras.

Javier Martín Reyes participa en esta obra con un texto con cierto matiz histórico. En él maneja una hipótesis muy interesante. Comenta que la primera integración del TEPJF, entre los años 1999 y 2003, emitió diversos criterios relevantes que con el paso del tiempo le permitieron comenzar a participar en la resolución de conflictos en los partidos políticos, lo que podría considerarse una medida garantista, si lo que se buscaba era salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos militantes. Sin embargo, también reconoce que existen otros tantos criterios que se alejan de los principios de esta corriente de pensamiento cuyo principal precursor es Luigi Ferrajoli. Las conjeturas del autor plantean una contradicción inquietante: que la justicia intrapartidista, o dicho de otro modo, que el control jurisdiccional de la vida interna de los partidos fue producto de los criterios sostenidos por la primera integración de la Sala Superior del TEPJF, pero que no necesariamente derivan de una perspectiva garantista, aunque en la práctica así lo parezca. De hecho, el autor sostiene que el Tribunal actuaba en algunos casos incluso contrario a cómo debería conducirse una autoridad garantista. Martín Reyes acuña una expresión para definir esta situación, la denomina "garantismo en tensión". Sin duda, un texto que animará el debate.

La temática del artículo que continúa resulta muy innovadora. El consejero del Instituto Electoral Veracruzano, Alfonso Ayala Sánchez, dedica su exposición al Test de Asociación Implícita (TAI), herramienta que se utiliza para conocer las preferencias no conscientes de las personas en materia electoral. Es decir, se trata de un método que busca disminuir el margen de error que arrojan las encuestas tradicionales en las que se obtienen datos explícitos pero que no necesariamente, o al menos no siempre, son fiables. El autor expone que esto se debe a que en algunas ocasiones las personas encuestadas no manifiestan sus verdaderas intenciones del voto, bien sea porque no desean participar en estos ejercicios, porque no quieren revelarlas Y dan respuestas contrarias o porque se encuentran indecisos, o al menos se dicen estarlo aun cuando ya hayan tomado una decisión. Se trata de un texto muy bien documentado, que además viene a tono en un contexto en el que nuevamente se clama por una reforma electoral que, entre otras cosas, incluya una regulación de encuestas más meticulosa.

El texto de Luis Diego Brenes Villalobos es quizá el de mayor nivel de abstracción en esta entrega de la revista. Se trata de un documento que desarrolla la dicotomía compuesta por los conceptos de judicial politics y judicialización de la política. El manejo conceptual de Brenes es notable y sin duda será de gran interés para los filósofos del derecho y los politólogos. En un párrafo el autor sintetiza la perspectiva de su texto magistralmente: "La posibilidad de estudiar la justicia electoral desde la ciencia política abre y amplía un área de estudio particularmente dominado por la ciencia jurídica, en la cual la comprensión del juez electoral como actor político se deja de lado. En ello radica la importancia del marco teórico ahora expuesto, en tanto no pretende limitarse a una descripción normativa o repaso jurisprudencia! de la jurisdicción electoral, sino que procura sentar las bases para avanzar y profundizar en las causas que explican una justicia que por su naturaleza misma es política y en donde el papel del juez electoral supera la estricta resolución de un conflicto entre partes para avanzar hacia la toma de decisiones con relevancia política en sus consecuencias".

Como colofón de esta sección, la revista se engalana con la participación de Michelangelo Bovero, uno de los exponentes más reconocidos de la teoría política actual alrededor del mundo, quien desarrolla una serie de premisas bastante controversiales. El politólogo italiano expone en su texto lo que se podría considerar como algunas deficiencias de la democracia formal y cómo ésta se ha ido debilitando en términos de representatividad y libertad plena para que los electores ejerzan la voluntad popular. Entre los cuestionamientos que aborda está el papel de los medios de comunicación, que puede tornar inequitativa una justa electoral, o la regla de la mayoría, que en algunos sistemas políticos conduce a lo que él se refiere como pleonocracia, la cual, dice, es una forma de autocracia electiva. El debate se torna más polémico a medida que avanza en el análisis de la relación entre elecciones y democracia, así como del papel del ciudadano en ella.

La sección Estados se conforma de cuatro textos. En el primero de ellos, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Jaime del Río Salcedo, aborda el añejo tema de la separación Iglesia-Estado, desde el punto de vista de la tutela jurisdiccional de este principio histórico en el contexto de los procesos electorales. El texto da cuenta de una ponencia del magistrado del Río presentada en un "Observatorio Judicial Electoral". En ese sentido, para ilustrar sus argumentos echa mano de algunas sentencias relevantes emitidas tanto por el Tribunal que preside como por el Tribunal Electoral del Estado de México, la Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF en materia de uso de símbolos religiosos que llevaron a la nulidad o invalidez de distintas elecciones.

A continuación viene un texto del consejero electoral Raúl Calvo Barrera, quien habla sobre el papel que ha jugado durante los últimos 20 años una institución fundamental para el desarrollo democrático en la entidad federativa de Guerrero. Contrario a lo que pudiera pensarse de inicio, el autor no se refiere al Instituto Electoral del Estado, de cuyo Consejo General forma parte, sino al Tribunal Electoral local. Así, hace un balance de los avatares que ha debido sortear el Tribunal desde su gestación en 1992 hasta la época actual, sin soslayar los retos que se le presentan para el futuro.

La académica neolonesa Mariana Téllez Yáñez pone el toque empírico a esta entrega, al ofrecer un artículo que se refiere a las percepciones que la comunidad regiomontana presenta respecto a la justicia electoral en la entidad. Se trata de un estudio que tiene por ejes temáticos el sistema legal, la representación y la participación, realizado en cuatro grupos de enfoque, dos pertenecientes a los dos partidos que suelen disputarse el voto en la entidad, los no votantes y los votantes con un perfil altamente participativo. El texto como lo explica la autora es un ejercicio exploratorio, por lo que su enfoque es cualitativo.

La consejera presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, cierra esta sección con una discusión muy interesante acerca de una problemática particular que se observa en la entidad porteña. Se trata de la ambivalencia que envuelve al concepto "partido mayoritario", reconocido ciertamente en la legislación local, pero carente de un contenido preciso, lo que conlleva a complicaciones al momento de asignar escaños por la vía de la representación proporcional. La autora da cuenta de cómo esta circunstancia ha obligado a participar en su interpretación no sólo a las autoridades electorales locales, sino al TEPJF y a la misma SCJN.

En la sección doctrinal se incluye un texto de la autoría del magistrado de la Sala Superior del TEPJF Constancia Carrasco Daza, quien reflexiona sobre la sentencia emitida por dicho órgano con la clave SUPJDC12639/2011, que, en sus palabras, "se inscribió en un esquema de comunicación constitucional entre los poderes del Estado, porque solventó una problemática que no sólo aquejaba al aparato estatal electoral, sino a la ciudadanía misma". El magistrado se refiere a la circunstancia suscitada en el seno de la Cámara de Diputados para designar a tres consejeros que habrían de integrarse al Consejo General del IFE y que se prolongó por más de un año. El texto es breve y de fácil lectura, además de que el autor se apoya muy bien para exponer su perspectiva tanto en la jurisprudencia nacional como en la doctrina del Common law.

La entrevista publicada en este número la realizó un investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, Jorge Mena Vázquez, al doctor por la Johannes GutenbergUniversitat de Mainz, Alemania, HansRudolf Horn, quien habla principalmente sobre el tema de la Judicial Review o como él mismo lo explica sobre la posibilidad de que la competencia del legislador esté sujeta al criterio de los tribunales, en la medida en que los jueces están autorizados para declarar inconstitucionales los actos jurídicos emitidos por el Poder Legislativo. Sus reflexiones resultan de suyo interesantes para los estudiosos del derecho, pero lo son aún más en razón de que las realiza a la luz del contexto mexicano, en particular a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

La última sección como es habitual concentra las reseñas de algunos libros con el propósito de alentar su lectura completa y ampliar el campo de conocimiento de los lectores de la revista. Los reseñistas en esta ocasión son Marco Antonio Pérez de los Reyes y Enrique lnti García Sánchez, Fernando de la Peza Berrios y Luis Eduardo Medina Torres. Los dos primeros hacen un resumen del libro de Ignacio Francisco Herrerías cuevas, que lleva por título Control de convencionalidad y efectos de las sentencias. Por su parte, Fernando de la Peza hace lo propio con el libro Tratado de derecho electoral, del doctor Jorge Fernández Ruiz. Cierra la edición la reseña de Medina Torres al libro del ministro de la SCJN José Ramón Cossío Díaz, De modelos, sistemas y tribunales. Una recensión a sistemas y modelos de control constitucional en México.

Este es uno de los números más nutridos de Justicia Electoral, algo que sin duda celebramos en el TEPJF, porque ello refleja que cada vez hay más autores que se interesan en publicar en este espacio y que se incrementa el número de lectores. Como se decía al principio, no claudicaremos en el intento de continuar por esa senda, de afianzar esta publicación como un punto de encuentro para el debate abierto y serio en los círculos académicos más importantes del país.



INDICE


Contenido

Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz
TítuloPág.
Presentación 11-19

Sección Doctrinal

Las reglas de la lógica en la valoración de las pruebas en materia electoral
Rules of logic in the valuation of the evidence in federal election
Raúl Montoya Zamora 23-54

Reflexiones sobre la interpretación de la SCJN respecto de la restricción del derecho político a votar establecida en el artículo 38, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Sorne considerations about the Mexican Supreme Court's lnterpretation of the Restriction of the Political Right to vote, Established in article 38, Subsection II, of the Mexican Constitution
Sergio Armando ValIs Hernández 55-89

Delitos electorales y procuración de justicia penal electoral
Electoral Crimes and Pursuit of Penal Electoral Justice
Eber Ornar Betanzos Torres 91-126

La justicia partidaria en el nuevo modelo de impartición de la justicia electoral
Justice party in the new delivery model of electoral justice
Enrique Figueroa Ávila 127-170

La reforma constitucional de derechos humanos como fruto del neoconstitucionalismo y como paradigma en el fortalecimiento de la democracia
The constitutional reform of human rights as a result of the neoconstitutionalism and as a paradigm in the strengthening of democracy
Ángel Durán Pérez / Eréndira Nohemí Ramos Vázquez 171-196

Algunas consideraciones sobre el ejercicio del control difuso
Sorne considerations on the exercise of diffuse constitutional review
197-221

Un garantismo en tensión. La primera integración del TEPJF y el control jurisdiccional de la vida interna de los partidos políticos
A guarantism in tension. The first TEPJF and the judicial review of the parties' interna! lite
Javier Martín Reyes 223-266

La utilización del Test de Asociación Implícita en los procesos electorales
The use of the lmplicit Association Test in electoral processes
Alfonso Ayala Sánchez 267-292

Judicial Politics y tribunales electorales
Judicial Politics and Electoral Tribunals
Luis Diego Brenes Villalobos 293-316

¿Elecciones sin democracia? ¿Democracia sin elecciones? Sobre las formas de la participación política
Elections without democracy? Democracy without elections? About the forms of the polítical participation
Michelangelo Bovero 317-351

Sección Estados

La tutela jurisdiccional del principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias en el contexto de los procesos electorales
The jurisdictional protection of the historie principie of separation church-state in the context of electoral processes
Jaime del Río Salcedo 355-382

El Tribunal Electoral de Guerrero. A veinte años de distancia
Electoral Tribunal of Guerrero State. Twenty years of lite
Raúl Calvo Barrera 383-420

La justicia electoral en el estado de Nuevo León desde una perspectiva ciudadana
Electoral justice in Nuevo León state from a citizen perspective
Mariana Téllez Yáñez 421-460

Interpretaciones divergentes del término partido mayoritario, por parte de autoridades electorales, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el estado de Veracruz
Divergent interpretations of the term Majority Party, by electoral authorities far the allocation of Deputies by the principie of proportional representation in the State of Veracruz
Carolina Viveros García 461-492

Sección Documental

La integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Una decisión judicial para materializar la norma constitucional
The integration of the General Council of the Federal Electoral lnstitute. A judicial decision to make the constitutional rule effective
Constancia Carrasco Daza 495-509

Sección Entrevista

Conversando con Hans-Rudolf Horn
Jorge Mena Vázquez 513-518

Sección Bibliográfica

Ignacio Francisco Herrerías Cuevas, coord. 2011. Control de convencionalidad y efectos de las sentencias. México: Ubijus Editorial. Marco Antonio Pérez de los Reyes
Enrique lnti García Sánchez 521-530

Jorge Fernández Ruiz. 2010. Tratado de Derecho Electoral. México: Porrúa.
Fernando de la Peza Berríos 531-549

José Ramón Cossío Díaz. 2011. Sistemas y modelos de control constitucional en México. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.
Luis Eduardo Medina Torres 551-555


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