La asociación de jueces y secretarios del poder judicial en el Estado de Colima, se inconforma ante el Ejecutivo local y ante el propio Pleno del poder judicial, un día antes de entrar a laborar, como consecuencia de que, no les han pagado parte de sus prestaciones laborales, desde el mes de diciembre pasado.

Esta es una problemática recurrente, que año tras año, padecen los juzgadores; ya que se tiene conocimiento, que el poder judicial, no tiene autonomía presupuestaria, debido a que, cuando envía el presupuesto para que se lo apruebe el Congreso, éste, le da menos de lo que necesita, esto les ocurren a todas las instituciones públicas del Estado y no se ha corregido.

Sin embargo, a pesar de que cada año se tenía problemas para pagar las prestaciones a la plantilla laboral de confianza, dentro de los cuales se encuentran jueces y secretarios, se les pagaba rápido, aunque se les pasaban algunos días, pero hoy no es ese el caso, hasta la fecha, no les han cubierto sus percepciones salariales y esto está prohibido por la ley.

Imagínese usted, que a los jueces que “imparten justicia” no les pagan, traduciéndose esta injustificada acción, como algo ¡increíble! ¿cómo es que a un juzgador no se le paga su salario, cuando la ley dice que se lo deben pagar puntualmente? ¿Qué causa? ¡una injusticia! ¿entonces? ¿quién va hacer justicia a los y las jueces?

Alguien inconforme, a quien no le pagan por su trabajo, perjudicará más todavía, la calidad de justicia que se imparte, de por sí, muy aminorada de calidad, según la confianza social.

Entre líneas se observa, que tenía que pasar esto, para que la asociación de jueces en el Estado, despertara y defendieran sus derechos laborales y no estén sumisos, ya que de seguir así serán presa de injusticia.

El reclamo va dirigido tanto al ejecutivo, por no garantizar la independencia económica que por ley y por orden de la Constitución debe cumplirse, para respetar la división de poderes, el poder judicial es igual, al poder ejecutivo, cuando menos en papel, pero los jueces tienen que luchar porque sea una realidad.

De igual forma, la inconformidad también se le reclama el poder legislativo, porque no otorga al poder judicial, del presupuesto que ocupa para llevar una función; aquí si hay una responsabilidad muy palpable, pues si bien como dicen los inconformes, el Presidente del Tribunal Dr. Bernardo Salazar Santana, ha dicho que el presupuesto que se le otorga al poder judicial alcanza solamente para 10 meses, pero el año tiene 12, por lógica el Congreso está fallando en proteger las garantías de eficiencia presupuestaria al poder judicial.

Es necesario, que se voltea ver esta problemática y se resuelva a la brevedad posible. Por otro lado, debe servir de parteaguas para que los jueces defiendan sus derechos y que también se sensibilicen con los derechos de la población, para que sientan lo que se siente, cuando alguien va y les pide justicia y el sistema judicial se las niega, no es lo mismo negar un derecho a que me nieguen como sociedad el derecho a la justicia.