Hasta hoy, cuando una persona tiene una discapacidad mental o cognitiva, lo primero que se hace es declararla en estado de interdicción.

Esto significa que, por decisión de un juez, se le considera incapaz de tomar decisiones sobre su vida y se le asigna un tutor que lo hará por ella.

Sin embargo, esto cambiará radicalmente en 2027, cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, (algunos tribunales del país ya lo hacen debido a que han hechos la declaratoria de la reforma nacionale de esta nueva legislación) el cual elimina la interdicción y la sustituye por un sistema de apoyos. ¿Qué significa esto? Que en lugar de ser despojadas de sus derechos, las personas recibirán ayuda personalizada para tomar decisiones por sí mismas en la medida de sus posibilidades.

El cambio no es menor. Hasta ahora, la interdicción ha servido como un mecanismo de control en el que familiares o instituciones deciden sobre la vida de una persona con discapacidad sin considerar su opinión. Esto, en muchos casos, ha llevado a abusos patrimoniales y vulneraciones de derechos.
Con el nuevo modelo, nadie será declarado incapaz solo por tener una discapacidad. Se priorizará el derecho a decidir y se asignan personas de apoyo en función de las necesidades individuales, el juez ya no despojará a las personas de su autonomía, sino que buscará la mejor manera de garantizar que puedan ejercerla, habrá especialistas involucrados, como médicos y trabajadores sociales, para determinar cómo garantizar la mayor autonomía posible.

Este modelo responde a acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida sin ser relegadas a una figura de tutela absoluta.

Como cualquier reforma profunda, este cambio enfrentará resistencias. En particular el miedo de algunas familias, que antes tenían control absoluto y ahora deberán ajustarse a un sistema más flexible y dinámico, la capacitación del sistema judicial, ya que jueces, abogados y otros actores deberán aprender a aplicar este modelo con justicia y sensibilidad, el riesgo de implementación deficiente, ya que sin protocolos claros, podríamos ver simulaciones o mal uso del sistema de apoyos.

A pesar de estos desafíos, este cambio representa un avance histórico en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en México.
Este cambio en la ley nos obliga a reflexionar sobre nuestra visión de la autonomía. Las personas con discapacidad no deben ser tratadas como menores de edad perpetuos, sino como individuos con derechos.
México ha dado un paso adelante para que la justicia no signifique despojo, sino inclusión.

La verdadera pregunta es si estamos listos como sociedad para dejar atrás un sistema paternalista y abrazar un modelo que, aunque más complejo, es sin duda más justo y humano.