El día 1º. de junio del presente año, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, decidió (por unanimidad de votos de los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Sánchez, con residencia en Reynosa Tamaulipas) dictar sentencia en el Amparo en revisión: 203/2017 Relacionado con los amparos en revisión 204/2017, 205/2017 y 206/2017, sobre el caso Ayotzinapa; esta sentencia, es un precedente importante para la justicia mexicana, será un parteaguas para el sistema judicial, ¿Por qué? por la forma que utiliza para resolverlo y que se hace bajo criterios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre los diversos temas, señala que el ministerio público en México no es independiente.
¿En qué se basa este tribunal, para decir que el ministerio público en México, no es independiente? señala, que este caso emblemático, fue investigado por la PGR, institución que es parte del poder ejecutivo, su Procurador General de la República, es y ha sido designado siempre por el Presidente, tanto policías como ministerios públicos están bajo la jurisdicción del Procurador.
En la investigación de este caso intervinieron familiares de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo de expertos forenses argentinos, entre otros organismos internacionales y siempre se puso en duda la veracidad de la investigación que hizo la PGR, esa duda, el juzgado federal señala, que también la tuvieron los organismos internacionales que estuvieron en apoyo; además refiere que, hay una gran cantidad de irregularidades cometidas en la investigación, como actos de tortura, actos crueles e inhumanos, entre muchos más, poniendo en riesgo el derecho de las víctimas, que consiste, en no saber la verdad.
Ante esa gran cantidad de errores, el tribunal decide tirar por la borda toda la investigación llevada a cabo por esta institución, y ordena se integre una comisión de la verdad y excluye al MP; pero además, señala que una de las causas principales por las que esto ocurre, es debido a que el Ministerio Público no es independiente; y dice que no lo es, debido a que, la PGR es una institución que depende del ejecutivo, el presidente nombra al Procurador y lo puede remover libremente, y que esta forma de operar en una institución que investiga hechos delictuosos, no es la correcta a la luz de los tratados internacionales firmados por México, dice que toda autoridad investigadora, tiene necesariamente gozar de independencia operativa, además señala que México ha firmado la Convención Americana de los Derechos Humanos y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, organismo que aplica dicha convención, ha dicho, que México, tiene que independizar a la autoridad investigadora, que no dependa de nadie, para estar fuera de intereses políticos.
El Tribunal Colegiado, está señalando muchas irregularidades en la investigación, por ejemplo; que hubo tortura por parte de la PGR en contra de los detenidos, esto lo hace por presiones de sus jefes que quieren resultados rápidos, pero no es correcto debito a que se pone en riesgo toda la investigación, es sabido en el ámbito de los abogados, que uno de los derechos que tienen los detenidos es, que no se les debe torturar, porque si lo hacen, las declaraciones aún de culpabilidad, serán inválidas; y no descartemos que por ese motivo, y que ojalá y no suceda, empiecen a salir de la cárcel los detenidos en este caso.
Esta sentencia señala que el ministerio público tiene que ser independiente. En el Estado de Colima debiéramos poner nuestras barbas a remojar, porque al igual que la PGR, aquí, nuestra Procuraduría está diseñada exactamente con esa estructura, actualmente, la Procuraduría depende del ejecutivo del Estado y lo que a la luz de esta sentencia y de varias recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos, le han recomendado México, que independice a los ministerios públicos, urge, transitemos al nuevo sistema de procuración de justicia, pero que se haga bajo parámetros que demuestren la independencia de esta institución; esta sentencia es un parteaguas y las instituciones encargadas de la designación de la nueva fiscalía tiene el deber de independizarla, para no cometer errores y arriesgarse a que un juez federal, declare la responsabilidad del Estado por no independizar a la Fiscalía General que pronto se nombrará.
Ángel Durán
14 de junio de 2018