La Procuraduría General de la República, se ha mostrado renuente en dar cumplimiento a la sentencia del caso Ayotzinapa, y es que esta resolución, la obliga a crear, entre otras cosas, instituciones no acostumbradas para el sistema de justicia y de procuración de justicia en México. Estamos acostumbrados en nuestro país, a que los jueces son meros aplicadores de la ley, sea ésta, justa o injusta, es prácticamente imposible ver a los jueces tomando decisiones que no estén expresamente en la ley; sin embargo, este colegiado ordenó a la PGR, a reponer el procedimiento y lo inédito, es, que la obligó a crear una “comisión de la verdad” en este caso, tan emblemático para la justicia mexicana.
La Comisión de la verdad, es una figura poco conocida en México, pero en los tribunales de justicia internacional, es de lo más común, y solo se ordenan cuando se investigan casos graves por la violación a derechos humanos, además cuando hay duda sobre quién o quiénes han cometido esas violaciones, en qué lugar pueden estar las víctimas o incluso, si los procesos judiciales han sido simulados. No he visto precedente alguno en México a nivel de tribunales, seguramente el poder judicial federal también ha querido mandar un mensaje a la PGR para que entienda que, en delitos de esta magnitud no debe interrumpir la investigación de los delitos y más ahora que está transitando hacia una fiscalía general independiente.
El objetivo de sustituir a la PGR o ministerio público por una comisión de la verdad en la investigación de los delitos es, que no queden impunes los delitos o violaciones graves a derechos humanos y que los responsables enfrenten a la justicia y es por eso que, aunque ya haya habido procesos y se hayan llevado a cabo investigaciones, pueden reiniciar un proceso, a través de una comisión de la verdad; realmente estamos viviendo otros tiempos, en donde poco a poco las instituciones irán haciendo bien su papel.
Lo que le ha ocurrido a la Procuraduría General de la República, es que en la sentencia ha sido señalada como la institución que ha simulado la investigación y los jueces federales han dicho que se reponga todo el procedimiento, incluso, ha ocasionado la salida de varios de los presuntos acusados, por haberse demostrado tortura y ordena crear la comisión de la verdad; esta comisión que a decir de muchos, es inconstitucional, porque señalan, que no está en la ley y ni siquiera en la constitución, sin embargo, no lo es.
La determinación del colegiado, sí tiene un sustento legal, está, tanto en la constitución como en una ley especial; la misma constitución, en sus primeros artículos, establece, que el Estado mexicano está obligado a evitar que se violen los derechos humanos, y que se atienda a las víctimas, por las violaciones a sus derechos y es que, en el 2013, se crea la Ley General de Víctimas, y esta legislación que protege exclusivamente derechos de víctimas establece, que, las autoridades deben investigar con base en el derecho a la verdad, además están obligadas a encontrar la causa que originó el delito y a erradicarlo a través de medidas de no repetición, por lo tanto, los jueces, principalmente de 2011 a la fecha, sí tienen facultades para crear cualquier institución a fin de investigar la verdad en determinados hechos en donde se han cometido delitos o violaciones graves a derechos humanos.
La Procuraduría General de la República no quiere atender esta sentencia, simple y sencillamente, porque es penosa la consecuencia, esta resolución lo que le dice es, que, esta institución investigadora en vez de haber llevado a cabo su función investigadora, ocultó hechos, torturó personas y tergiversó la verdad; ojalá, el Estado mexicano y la misma institución, trabajaran en darle un mejor carisma de resultados eficaces a este caso, lo anterior en beneficio de la procuración de justicia… Hay cosas que no se pueden defender y éste, es uno de ellos.
Ángel Durán
28 de junio de 2018