El día 29 de mayo del presente año, salió publicado en el diario de Colima, página C5 y en el Periódico Oficial del Estado, la convocatoria para elegir a un comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima, servidor público, que sustituirá a la ex comisionada INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ, actualmente titular de OSAFIG, ella se retiró del cargo del Instituto de transparencia, por allá, hace seis meses aproximadamente; el puesto quedó vacante durante todo ese tiempo y ahora que se le vencía su mandato, -que por tres años el Congreso le dio-, el ejecutivo del Estado, ha iniciado el proceso para sustituirla, pero, todo aquel aspirante al cargo, solamente podrá llevar documentos y cumplir con los requisitos ante la Consejería Jurídica de las 10 a las 15 horas, los días 30 y 31 de mayo del presente año; solo les dieron 10 horas, para cumplir con los requisitos y entregar documentos; peor aún, la convocatoria se hizo en un periódico de circulación estatal con letra muy pequeñita y también en el Periódico Oficial del Estado -que casi nadie lo ve-, no se le dio transparencia, muy poca difusión; esta nueva designación empieza con el pie izquierdo.
Las instituciones que integran a los órganos públicos independientes, como lo es el INFOCOL, lo tienen que hacer bajo criterios muy transparentes, para lograr que el principio de máxima publicidad se respete, y más en este Instituto, que tiene que ver con el cuidado del derecho de transparencia y cuidado de datos personales, el ejecutivo del Estado, por conducto de su Consejería Jurídica, se nota que empezaron a pensar que en el mes de junio se tendría que nombrar a un nuevo comisionado, tiempo suficiente para publicar la convocatoria, porque se ve que ésta la elaboraron el día 17 de mayo y las publicaciones son del día 29 del mismo mes, por principio de cuentas no es acertado, el método de transparencia utilizado por quien está llevando el procedimiento, debió de haberse hecho una difusión amplia, en redes sociales, periódicos y en medios de comunicación, y por supuesto, también en los periódicos de mayor circulación en el Estado, es importante que se garantice la transparencia en este procedimiento, que es el que debe dar el ejemplo, ¿cómo un instituto que busca que el poder público transparente sus actos, sale de un procedimiento que no es transparente? No hay congruencia.
Hasta aquí ya se ve que esta forma de proceder causará problemas, ¿cuál? Se corre el riesgo que llegue un comisionado a modo; luego, fíjese usted, la misma convocatoria establece, que la Consejería Jurídica es quien lleva cabo el procedimiento, participan también; el Director General de Control y Gestión Jurídica y el Secretario Técnico de la misma Consejería, un integrante designado por el Poder Judicial del Estado, un integrante de la Universidad de Colima, un integrante designado por el Instituto Tecnológico de Colima y un integrante designado por el Instituto de Transparencia. (¿Dónde está la sociedad? No se ve, ¿Por qué no le pidieron al Comité de Participación Ciudadana del SNA que interviniera en el procedimiento? Porque no quieren transparentar.) Una vez llevado el proceso de recepción de documentos, puede haber entrevistas y después de eso, el Consejero Jurídico, le presenta al Gobernador, la lista de aspirantes que obtuvieron el mayor consenso de los integrantes de la Comisión y luego el ejecutivo, la envía al Congreso y éstos, dirán quién será el nuevo comisionado de INFOCOL.
Otra vez el mismo problema para integrar una institución, falta de transparencia en la invitación a quienes tengan mérito, hay ausencia en la convocatoria de la solicitud a los méritos, se ve que el ejecutivo tiene todas las cartas y va a salir designado el que él diga, la ley le da toda la ventaja y el procedimiento es solo simulación, además actualmente el ejecutivo tiene mayoría en el Congreso, seguramente como en muchos casos su candidato será comisionado y esto, por supuesto que la ley no lo debiera de permitir, pero hoy por hoy la ley está muy cargada para que el ejecutivo tenga el sartén por el mango y ¿quién paga los platos rotos?, la sociedad. Problema que durará seis años más y seguiremos esperando resultados objetivos y de alto nivel en transparencia y cuidado en datos personales en el Estado, pues en juicios de alto impacto social, no se ha visto que esta institución cumpla con el deber constitucional de obligar que se respete la transparencia de los actos de gobierno. Por lo que se ve todo apunta a que siga así.
Ángel Durán
http://angelduran.com/libros.php
31 de mayo de 2018