Se vaticina que, en estos días, (mañana viernes) se nombrará a dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima, en adelante STJE y tres magistrados que integrarán al nuevo Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Estado, en adelante TJFAE, así como a un comisionado de INFOCOL; entre otros cargos de primer nivel; sin publicidad y sin procedimiento, simple y sencillamente, por decisión y voluntad del Gobernador del Estado, donde seguramente sin transparentar cuales son las razones y méritos de los que está proponiendo.
La sociedad merece respeto, y ese respeto se debe reflejar en el derecho que tiene, a contar con instituciones que le sirvan, la fortaleza de una institución pública como lo es, “el Sistema Estatal Anticorrupción”, el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos del Estado de Colima, y el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, se legitiman con la certeza en su integración; esto es, el ejecutivo del Estado, quien tiene la facultad de proponer a sus integrantes ante el Congreso del Estado, tiene que transparentar el procedimiento, y demostrarle a la legislatura que, a los que proponen, tienen el mejor perfil; sin embargo, se tiene información, que de nueva cuenta, el ejecutivo ahorita tiene una mayoría de facto en el Congreso, y por eso está nombrando a magistrados, sin transparencia y sin tomar en cuenta a muchos profesionales que tendrían mejores méritos para ocupar esos cargos; esto equivale, imagínese usted; al fusilamiento sin previo juicio de la autonomía de estas instituciones y detrás de ellas, está la sociedad, quien es la que va a resultar lastimada, debido a que, el gobierno del Estado, estaría asegurando para su protección el compromiso de estas instituciones cuando menos por los próximos 6 a 9 años; esta no es una decisión democrática, podrá estar en la ley, pero esta ley es incorrecta, se hizo a conveniencia, y es incorrecto, porque así lo ha señalado la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Principios Básicos de la Judicatura Internacional y las buenas prácticas para el nombramiento de servidores públicos de altas Cortes a nivel internacional a las que el Estado mexicano se ha comprometido respetar.
El fusilamiento será sin previo juicio, debido a que la sociedad no fue escuchada ni tomada en cuenta, mediante procesos para que pudiera opinar sobre la viabilidad meritoria de los propuestos, aquí impera el dedo, el famoso dedo, que tiene el poder para nombrar servidores públicos.
Lo anterior por supuesto, es una consecuencia de lo que ocurrió el día 1 de julio del presente año, el ejecutivo del Estado, le urge designar a varios servidores públicos en el tiempo que le queda a los diputados que están hoy en el Congreso del Estado, debido a que, ahorita de facto tiene mayoría y por eso están nombrando a los titulares de todos los puestos que están pendientes, ya que saliendo los congresistas tendrá en contra a los diputados que van a entrar y ya no podrá hacer ningún nombramiento a capricho; sin embargo, no quiere darse cuenta del daño que está ocasionando a la autonomía judicial, eso no se vale y eso no debiera suceder; ojalá y reflexionara sobre la fecha límite para aplicar la pena capital o la sociedad y evite el fusilamiento de la poca autonomía que tiene el STJE.
Nada más y nada menos, que el ejecutivo pretende designar a tres magistrados sin procedimiento transparente, que juzgarán los actos de corrupción, este es un mal inicio y un mal presagio, no lo haga señor gobernador, pida opinión a sus asesores, a las asociaciones, haga foros, tome en cuenta a la sociedad, y construyamos juntos un nuevo sistema de justicia y una nueva forma para designar a los servidores públicos que trabajarán y servirán a la sociedad, no fusile a la sociedad, ella no merece ésto, cuando se protesta el cargo, se compromete a hacer cumplir la Constitución y su interpretación por la jurisprudencia de la SCJN y todo el sistema interamericano, dígase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, han señalado que se debe respetar la autonomía del sistema de justicia y de los órganos que la ley tenga como independientes; y usted está utilizando un sistema inadecuado, que si bien está en su ley, pero es, porque no se ha modificado, pero que sí se sabe que los procesos de designación de servidores públicos deben ser transparentes y buscando el mejor perfil, la falta de modificación a nuestra ley es, porque no lo ha querido hacer el Congreso, y porque éste, ha ignorado las nuevas prácticas nacionales e internacionales que benefician a la sociedad.
Los diputados electos, están a tiempo, diría más bien, en la antesala del paredón de fusilamiento, viendo cómo se quiere masacrar la autonomía del sistema de justicia local, ellos, pueden intervenir para que esto, no ocurra, evitando y convenciendo al Ejecutivo y el Congreso actual, para que no se fusile la autonomía judicial, que no se aniquile el anhelo de una sociedad que quiere contar con un poder judicial eficaz, independiente e imparcial.
Ángel Durán