Abogados Académicos Independientes A. C. y sus socios fundadores, preocupados por el deterioro del Estado de derecho constitucional en el Estado de Colima y en especial, con el propósito de coadyuvar en la integración de un buen sistema en el combate a la corrupción, a la impunidad y a la inseguridad pública, además de estar conscientes de que, para tener éxito en esta tarea, señalaron que es necesario contar con instituciones integradas por personas con una alta capacidad técnica en el conocimiento del sistema de procuración de justicia y el combate a la corrupción aunado a la suficiente calidad moral para ejercer con autonomía e independencia la función, solicitaron a la Comisión que se integró para revisar las propuestas que ha hecho la Sociedad Civil Organizada a fin de proponer candidatos idóneos para ser el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción del Estado de Colima, reciba esta opinión técnica.

Esta asociación de abogados, el día de ayer se reunió con el fin de analizar tres currículos, de quienes pretenden ocupar el cargo de Fiscal General y Fiscal Anticorrupción en el Estado de Colima; sin embargo, el compromiso de dicha organización civil es con la dignificación de la profesión de abogado y coadyuvar con el sistema de justicia; por ética, señalan sus integrantes que solo están obligados a pronunciarse en favor de propuestas de interés social que coadyuven con el mejoramiento del Estado de derecho; pero, refirieron que al analizar las propuestas, no nos fue posible comprobar los méritos y capacidades de las personas que nos hicieron el favor de enviarnos su currícula; ésto, en atención a la premura del tiempo; (solo dieron 48 horas) sin embargo expusieron, que los dictaminados son profesionistas preparados y así los conocemos en la vida diaria, pero, para hacer un dictamen sobre la verificación de su perfil, era necesario contar con mayor información y sobre todo con documentos en donde pudieran revisar objetivamente los resultados positivos o negativos, que estos candidatos pudieran tener o haber tenido cuando desempeñaron el cargo en el sistema de procuración de justicia, lamentablemente no les fueron proporcionados y tampoco hay tiempo suficiente para recabar esta información; por supuesto que dejan su honorabilidad a salvo de los tres profesionistas, pero de momento no contaron con la información suficiente para emitir un pronunciamiento con base en sus estatutos, es por ello, que, ante tal limitante, Abogados Académicos Independientes A. C., no se pronuncia a favor o en contra de algún candidato para ocupar la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción; pero que, estando conscientes de la importante labor que está haciendo la Comisión y en su momento la decisión que tomará el ejecutivo del Estado para designar a ambos funcionarios, le piden respetuosamente a la Comisión que estudiará las propuestas y al ejecutivo del Estado, lo siguiente:

1. a) Que toda propuesta tenga anexada la comprobación con documentos oficiales y certificados de los grados académicos, así como todo documento que acredite la capacidad técnica, científica y profesional del sustentante.
2. b) Que en el dictamen que realice la Comisión y que se entregará al Ejecutivo del Estado, exponga los argumentos específicos y objetivos, sobre las características de autonomía, independencia, honestidad, probidad, honradez e idoneidad del fiscal General y el Fiscal Anticorrupción.
3. c) Que queden asentados los motivos y razones por los cuales el ejecutivo considera, que el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción del Estado que nombrará, gozan de tales atributos.
4. d) Que el acuerdo o resolución sobre la designación de ambos funcionarios, cumpla y contenga los argumentos específicos de idoneidad, conforme a la Constitución Colimense, a la Constitución Federal y a los tratados internacionales de derechos humanos y en específico, y;
5. e) Que se respeten las buenas prácticas internacionales para nombrar a fiscalías generales.

Lo anterior para evitar impugnaciones legales innecesarias que ya se han dado en los anteriores procesos de designación que hizo el ejecutivo, al nombrar un magistrado del STJE y a los magistrados anticorrupción, a través de un proceso corrompido.

Ángel Durán.